Inspección de sociedades qué hacer

Qué significa una inspección a una sociedad y qué conviene hacer al recibir la notificación

Una inspección tributaria a empresas implica el inicio de actuaciones de comprobación e investigación por parte de la Inspección de los Tributos, dentro de las funciones previstas en la LGT. Según el caso, la notificación de inspección de Hacienda puede concretar impuestos, periodos, alcance general o parcial y lugar de las actuaciones. Ese primer documento condiciona buena parte de la estrategia de defensa durante la inspección.

Al recibir la notificación conviene verificar, al menos, estos puntos:

• qué obligado tributario figura y si coincide exactamente con la sociedad afectada;
• qué tributos y ejercicios se incluyen;
• si el alcance es parcial o general, porque eso puede influir en lo que deba acreditarse;
• qué documentación se requiere y en qué plazo;
• si ya existieron comprobaciones previas sobre las mismas materias.

La LGT regula el procedimiento inspector en sus artículos 141 y siguientes, y el detalle operativo se completa con el Reglamento General aprobado por Real Decreto 1065/2007. A partir de ahí, habrá que valorar qué puede exigirse según el contenido real de la comunicación recibida.

Qué documentación y antecedentes conviene revisar antes de comparecer

Antes de la primera comparecencia, la prioridad práctica es reconstruir la posición fiscal de la sociedad en los ejercicios afectados. No basta con reunir papeles: conviene revisar si la contabilidad, las declaraciones presentadas y los justificantes sostienen de forma coherente el criterio aplicado.

Suele ser útil preparar un expediente interno con:

• libros contables, balances y mayor;
• declaraciones tributarias y autoliquidaciones de los periodos inspeccionados;
• facturas emitidas y recibidas, contratos y justificantes bancarios;
• documentación societaria relevante, si afecta a operaciones o decisiones revisadas;
• antecedentes de comprobaciones anteriores, requerimientos o contestaciones ya presentadas.

Esta fase depende mucho de la documentación de la empresa. Si hay incidencias de archivo, cambios de asesoría o operaciones complejas, conviene identificarlas cuanto antes para no improvisar explicaciones durante el procedimiento inspector.

Qué puede comprobar Hacienda durante el procedimiento inspector

La Inspección puede comprobar e investigar hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias con trascendencia tributaria, en línea con las funciones del artículo 141 de la LGT. En una sociedad, esto puede proyectarse sobre IVA, Impuesto sobre Sociedades, retenciones, operaciones vinculadas, deducciones, gastos, ingresos o criterios de imputación temporal, entre otras materias.

El alcance real de la comprobación de Hacienda dependerá de la notificación inicial y de cómo evolucionen los requerimientos de información. También puede influir si la Inspección aprecia necesidad de examinar contabilidad, soporte documental o determinados flujos económicos. La obligación de atender requerimientos y aportar documentación existe, pero conviene hacerlo de forma ordenada, identificando qué se entrega y en qué fecha.

En cuanto a duración, la LGT contiene reglas específicas sobre el plazo del procedimiento inspector y sus posibles efectos, pero su cómputo puede verse afectado por distintas circunstancias del expediente. Por eso no es aconsejable manejar plazos de forma simplificada sin revisar el caso concreto.

Cómo actuar durante la inspección sin agravar riesgos innecesarios

Durante la actuación inspectora, la clave no suele ser discutir todo desde el primer día, sino documentar bien cada paso. Conviene centralizar las respuestas, evitar versiones contradictorias dentro de la empresa y dejar constancia de la documentación aportada. Si un requerimiento es ambiguo o muy amplio, puede ser necesario analizar cómo responder sin generar una entrega desordenada o incompleta.

También es importante distinguir entre hechos acreditables, valoraciones jurídicas y cuestiones que requieren explicación técnica. No toda discrepancia termina en regularización tributaria, y no toda regularización deriva automáticamente en sanción. Si se abren cuestiones con posible relevancia sancionadora, habrá que analizar separadamente el eventual procedimiento sancionador y sus garantías.

La LGT prevé documentación de las actuaciones y, en su caso, actas de inspección, cuya firma y contenido pueden tener consecuencias relevantes. Por eso no conviene asumir que firmar o no firmar produce efectos idénticos en todos los supuestos: dependerá del tipo de acta y del contenido del expediente en una inspección tributaria.

Qué opciones valorar si la inspección termina con acta, liquidación o sanción

La terminación del procedimiento puede plasmarse en un acta de inspección y, según proceda, en una liquidación tributaria. La LGT regula estas formas de terminación y el régimen de las actas en los artículos 150 y siguientes, así como el contenido de las diligencias y demás documentos en el marco del procedimiento inspector. A partir del acto que finalmente se dicte, habrá que valorar si procede formular alegaciones en el trámite correspondiente o impugnar la liquidación o la sanción por la vía revisora adecuada.

Si se dicta liquidación, pueden resultar procedentes, según el caso, el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa. Si además se notifica sanción, su análisis debe hacerse de forma diferenciada, atendiendo a su motivación, a la tipificación de la conducta y a la prueba disponible. No conviene recurrir de forma automática ni renunciar sin revisar el expediente completo.

En síntesis, ante una inspección a una sociedad las prioridades son entender el alcance de la inspección, reconstruir la documentación y responder con criterio técnico. El riesgo y la estrategia pueden variar mucho según los ejercicios afectados, la contabilidad y justificantes disponibles y el acto final que dicte la AEAT. Si la empresa ya ha recibido la notificación o un acta, un siguiente paso razonable suele ser revisar el expediente con detalle para decidir cómo comparecer, alegar o impugnar con base suficiente.