Concurso de acreedores y deudas tributarias

Qué ocurre con las deudas tributarias en un concurso de acreedores

El concurso de acreedores y deudas tributarias debe analizarse hoy desde el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020. Como idea inicial útil, conviene tener claro que la declaración de concurso no elimina por sí sola las deudas con Hacienda: su tratamiento dependerá de cómo se clasifique el crédito, del momento en que nazca la obligación tributaria y del estado concreto del procedimiento concursal.

En España, las deudas tributarias pueden quedar afectadas por las reglas concursales sobre masa pasiva, reconocimiento y clasificación de créditos, pero el hecho de que intervenga la AEAT no desplaza automáticamente el marco concursal. A su vez, la Ley 58/2003, General Tributaria, sigue siendo relevante para aspectos de gestión, recaudación y revisión de actos tributarios, especialmente si se discute la procedencia, cuantía o exigibilidad de una liquidación o sanción.

Por eso, antes de asumir que una deuda pública queda suspendida, aplazada o no afectada, habrá que valorar la documentación tributaria y concursal, la fecha de devengo y si existe o no un acto administrativo firme o impugnado.

Cómo se encajan los créditos públicos dentro del procedimiento concursal

La norma principal directamente aplicable es el TRLC, que articula la masa activa, la masa pasiva y la clasificación de créditos. Dentro de ese sistema, los créditos de derecho público reciben un tratamiento específico que conviene revisar con precisión, porque no toda deuda con Hacienda tiene el mismo encaje ni produce los mismos efectos.

En términos generales, puede ser necesario distinguir entre:

• créditos concursales integrados en la masa pasiva, si la deuda es anterior a la declaración de concurso;
• créditos contra la masa, si la obligación nace después o si la propia normativa concursal les atribuye ese tratamiento;
• segmentos del crédito con distinta clasificación, por ejemplo cuando una parte puede considerarse privilegiada y otra no, según el régimen aplicable.

El TRLC contiene reglas sobre reconocimiento, lista de acreedores y clasificación, y además dedica atención específica al crédito de derecho público. Ahora bien, su aplicación práctica puede depender del tipo de deuda, de si existe derivación de responsabilidad, de si se trata de principal, recargos, intereses o sanciones, y de cómo quede acreditado en el procedimiento.

Si la AEAT ha dictado un acto de liquidación o de recaudación y se discrepa de él, conviene no confundir el plano concursal con el tributario: la impugnación del acto, en su caso, suele canalizarse por las vías específicas de la Ley General Tributaria, como el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa.

Qué diferencias conviene valorar entre deudas anteriores al concurso y obligaciones posteriores

La primera distinción práctica está entre deudas tributarias preconcursales y obligaciones posteriores a la declaración de concurso. Esa frontera temporal suele ser decisiva para saber si estamos ante un crédito concursal o ante un crédito contra la masa.

Por ejemplo, si una sociedad entra en concurso en junio y arrastra IVA o retenciones devengadas y exigibles con anterioridad, en principio habrá que analizar su inclusión como crédito concursal. En cambio, las obligaciones tributarias que nazcan después pueden recibir un tratamiento distinto y afectar a la tesorería del procedimiento con mayor inmediatez.

También conviene valorar que la fecha relevante no siempre se identifica de forma intuitiva. Puede depender del tributo, del momento de devengo, de la liquidación practicada y de la documentación contable y fiscal disponible. En la relación entre AEAT y concurso de acreedores, este punto suele generar incidencias cuando se presume que toda liquidación notificada después del concurso es necesariamente posterior, lo que no siempre será correcto.

Además, la apertura del concurso puede influir en facultades de ejecución o recaudación, pero su alcance concreto debe revisarse conforme al estado del procedimiento, al tipo de crédito y a las especialidades del crédito público, especialmente en el contexto de un abogado fiscalista para empresas.

Qué margen puede existir para convenio, aplazamiento, exoneración o revisión del crédito

El margen de afectación del crédito público en el concurso no debe darse por sentado. En materia de convenio, habrá que examinar qué alcance real puede tener respecto de créditos de derecho público conforme al TRLC y a su régimen específico, sin presuponer una sujeción plena equivalente a la de otros acreedores ordinarios.

Respecto de aplazamientos o fraccionamientos, la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo siguen siendo el marco complementario de referencia, aunque la situación concursal puede condicionar la estrategia y la viabilidad práctica. No siempre bastará con solicitar un aplazamiento; conviene revisar si el crédito está reconocido, cómo ha sido clasificado y si el momento procesal lo permite.

En cuanto a la exoneración y deudas públicas, la prudencia es imprescindible. El régimen vigente ha sido objeto de reformas y debate interpretativo, por lo que no resulta aconsejable prometer una liberación automática de deuda tributaria. Habrá que valorar si concurren los requisitos del TRLC para la exoneración del pasivo insatisfecho, qué límites operan sobre el crédito público y cómo encaja el caso concreto.

Si se discute la existencia o cuantía de la deuda, la revisión del acto tributario puede ser tan relevante como la propia clasificación concursal. A veces, una reclamación económico-administrativa bien planteada condiciona de forma directa el importe finalmente reconocido en el concurso.

Qué errores conviene evitar ante Hacienda cuando ya existe una situación concursal

• Dar por hecho que toda deuda con la AEAT queda paralizada por la mera declaración de concurso.
• No distinguir entre principal, intereses, recargos o sanciones, porque su tratamiento puede requerir matices.
• Confundir una deuda liquidada después del concurso con una deuda nacida después del concurso, sin analizar el devengo.
• Dejar transcurrir plazos de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa si se impugna el acto tributario.
• Asumir que la exoneración alcanzará del mismo modo a toda deuda pública, sin revisar límites y requisitos.

En definitiva, el tratamiento concursal de la deuda tributaria exige estudiar la naturaleza del crédito, el momento de devengo y el estado del procedimiento. Esa combinación determina cómo se integra la deuda en el concurso y qué margen puede existir frente a Hacienda.

Antes de asumir que una deuda pública queda afectada de una determinada manera, conviene revisar de forma conjunta la documentación concursal y tributaria. Un análisis técnico temprano puede evitar errores de clasificación, pérdida de plazos o expectativas poco realistas sobre convenio, aplazamiento o exoneración.