Abogado para modelo 720

Contar con un abogado para modelo 720 puede ser útil cuando existen dudas sobre si hay obligación de declarar, cómo documentar correctamente los activos o cómo responder ante una actuación de la AEAT. Conviene aclararlo desde el inicio: el modelo 720 no es un impuesto, sino una declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, prevista en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, General Tributaria, y desarrollada reglamentariamente en el Real Decreto 1065/2007.

En términos prácticos, un abogado puede revisar si la obligación informativa existe realmente, qué categoría declarativa puede verse afectada y qué riesgos documentales o procedimentales conviene anticipar. También puede resultar especialmente conveniente si ya se ha presentado la declaración y se detectan errores, o si Hacienda ha enviado un requerimiento, ha iniciado una comprobación o ha notificado una propuesta sancionadora o una liquidación.

Qué hace un abogado para modelo 720 y cuándo conviene acudir

La función principal de un abogado en esta materia es analizar el encaje jurídico y documental del caso. No se trata solo de cumplimentar un formulario: puede ser necesario comprobar la residencia fiscal en España, la titularidad real o formal de los bienes, el alcance de autorizaciones sobre cuentas, la valoración de activos o si concurre una obligación de volver a declarar por incremento de valor o por incorporación de nuevos bienes en alguna de las categorías reglamentarias.

Suele tener sentido acudir a asesoramiento profesional cuando hay patrimonio en varios países, estructuras familiares complejas, cotitularidades, cuentas con autorizados, valores depositados en entidades extranjeras, inmuebles transmitidos o cuando falta documentación acreditativa completa. También puede ser recomendable si se pretende rectificar una declaración ya presentada o si se quiere anticipar el riesgo de una futura comprobación.

Quién puede estar obligado a presentar la declaración informativa de bienes en el extranjero

La obligación informativa afecta, con carácter general, a personas físicas y jurídicas residentes en España y a determinadas entidades, cuando concurren los presupuestos legales y reglamentarios. El desarrollo reglamentario del modelo 720 distingue, de forma relevante, entre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero, valores, derechos, seguros y rentas, y bienes inmuebles o derechos sobre inmuebles, materias reguladas respectivamente en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Real Decreto 1065/2007.

Ahora bien, no basta con saber que existe un bien fuera de España. Habrá que valorar si la persona figura como titular, cotitular, representante, autorizado, beneficiario o titular real, y si se superan los umbrales y condiciones exigidos en cada bloque informativo. Además, la obligación de volver a presentar en años posteriores dependerá de la evolución del patrimonio declarado y de la categoría concreta afectada.

Qué suele revisar un abogado antes de presentar o rectificar el modelo 720

Antes de presentar o rectificar, conviene revisar con detalle la documentación acreditativa. Entre otros extremos, suele analizarse la titularidad jurídica y económica del activo, los saldos o valores a las fechas relevantes, la identificación de la entidad extranjera, las escrituras o contratos disponibles y la coherencia entre la información del modelo 720 y el resto de declaraciones tributarias presentadas en España.

Si ya se presentó la declaración y se detecta un error, habrá que distinguir si procede una rectificación meramente informativa, si la incidencia puede tener efectos en un procedimiento abierto o si conviene esperar a contar con soporte documental suficiente. La estrategia no es idéntica en todos los casos: dependerá del error, del momento en que se advierte y de si existe ya una actuación administrativa en curso vinculada a errores en la declaración y defensa fiscal.

Qué hacer si Hacienda envía un requerimiento, inicia una comprobación o plantea sanciones

Si la AEAT remite un requerimiento de Hacienda, lo prioritario suele ser identificar con precisión qué solicita, en qué plazo y dentro de qué procedimiento. No es lo mismo contestar a una petición de información que formular alegaciones en una comprobación o responder a una propuesta de sanción. Cada acto puede exigir una respuesta distinta y apoyada en documentación ordenada y verificable.

Cuando se plantean sanciones o regularizaciones, conviene actuar con especial prudencia. El régimen del modelo 720 ha tenido una evolución normativa y jurisprudencial relevante, por lo que el análisis puede depender del momento temporal, del acto notificado y de la doctrina aplicable al caso. Por ello, no suele ser aconsejable responder con modelos genéricos ni reconocer hechos sin revisar antes el expediente y el alcance exacto de la actuación administrativa.

Cómo valorar la defensa o impugnación según el acto recibido

La defensa debe adaptarse al acto recibido. Si se trata de un requerimiento o de un trámite de audiencia, puede ser suficiente con aportar documentación y formular alegaciones técnicas. Si se notifica una liquidación o una resolución sancionadora, habrá que estudiar las vías revisoras tributarias que procedan, como el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, según el acto y la estrategia más conveniente.

En esa valoración pueden ser relevantes cuestiones como la motivación del acuerdo, la suficiencia de la prueba, la correcta calificación de la titularidad, la prescripción si se plantea en el caso concreto, o la adecuación del procedimiento seguido. No existe una defensa estándar válida para todos los supuestos: habrá que examinar el expediente, los plazos aplicables y la documentación bancaria, societaria o registral disponible.

Errores frecuentes y por qué conviene revisar la documentación a tiempo

Entre los errores más habituales están confundir la autorización en una cuenta con una titularidad sin analizar su alcance real, declarar valores o inmuebles con datos incompletos, omitir bienes por entender erróneamente que no existe obligación informativa o presentar información incoherente con otras declaraciones tributarias. También es frecuente no conservar justificantes suficientes sobre saldos, fechas de adquisición o titularidades efectivas.

Revisar a tiempo la documentación puede reducir riesgos y facilitar una respuesta sólida si Hacienda inicia una comprobación. En muchos supuestos, la utilidad de un abogado para modelo 720 está precisamente en ordenar el caso antes de presentar, rectificar o impugnar, con una visión jurídica y probatoria. El siguiente paso razonable suele ser revisar el expediente y los documentos concretos antes de adoptar cualquier decisión frente a la AEAT.